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El seguro medioambiental: ¿un requisito legal o una responsabilidad social?

En los últimos años se ha hecho más evidente la sensibilidad social por evitar daños al medioambiente. En Nicaragua, por ejemplo, la forma en que en abril pasado el gobierno hizo frente a un incendio de grandes proporciones en la Reserva Biológica Indio Maíz causó tal indignación en la población que fue sin duda una de las causas de la profunda crisis política que aún convulsiona al país, y cuyas consecuencias son impredecibles. Es cada vez más fuerte la demanda de que se apliquen estrategias de desarrollo económico sustentable que procure el bienestar y la equidad social, así como la preservación de los ecosistemas para no afectar la disponibilidad de los recursos naturales y la calidad de vida de nuestros hijos y la de los hijos de nuestros hijos.

Cada vez más países aprueban leyes y suscriben tratados internacionales que tienen por objeto la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente. Por ejemplo, el Convenio de París del 29 de Julio de 1960 y protocolos adicionales en materia nuclear y el Convenio de Bruselas sobre contaminación por hidrocarburos en aguas marítimas. También algunos países cuentan con leyes de rango constitucional, leyes generales y leyes o normativas específicas para industrias y actividades económicas. Estas leyes son relevantes para todos, especialmente aquellas relacionadas con ciertas actividades que son susceptibles de sufrir un siniestro medioambiental, tales como algunos sectores de la industria pesada (minas y petróleo, químicas, etc.), empresas de comida y bebidas, empresas de generación y distribución de energía eléctrica, gestores de residuos, almacenes al por mayor, transporte por carreteras y compañías de logística, entre otras.

Por otra parte, muchas empresas han empezado a desarrollar por iniciativa propia nuevas estrategias de protección ambiental en sus procesos en el marco de una nueva ética empresarial y políticas de responsabilidad social empresarial, que están siendo adoptadas por la gran mayoría de las firmas que quieren permanecer en el largo plazo. Sin embargo, aunque se adopten medidas de seguridad y se innove en procesos para prevenir deterioros o daños en el desarrollo de sus operaciones, las empresas pueden afectar suelos, aguas superficiales o subterráneas, riberas de mares y ríos, así como daños a especies y hábitats protegidos, ente otros riesgos, y por tanto estar expuestas a sanciones, multas y hasta castigos penales por parte de instituciones reguladoras y autoridades municipales y nacionales. De ahí la necesidad de contar con un seguro medioambiental que proteja a las empresas y sus patrimonios en caso de que infrinjan alguna ley de protección al medioambiente.

Podemos considerar dos modalidades de seguro medioambiental:

1. El seguro de protección de los bienes medioambientales, que es un tipo de seguro agrícola (bosques, cosechas, etc.).

2. El seguro de responsabilidad civil medioambiental. Este tipo de seguro se ajusta a las necesidades de cada actividad y sus diferentes modalidades deben cumplir con las exigencias de cada legislación.

En los países desarrollados, principalmente en los europeos y en Estados Unidos, las compañías de seguros han desarrollado productos especializados en el ramo de responsabilidad civil medioambiental. Para asegurar capacidad suficiente, algunos países han creado consorcios público-privados que apoyan las colocaciones de las aseguradoras y asumen riesgos que no pueden ser

asumidos por las empresas de seguros, como por ejemplo el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en España. En nuestra región, Centroamérica, no es muy común que las empresas de seguro ofrezcan este producto, principalmente porque es muy difícil estimar los daños a cubrir y porque es una necesidad incipiente y novedosa. Sin embargo, poco a poco se lanzan al mercado opciones para responder a la creciente consciencia del riesgo, especialmente a la luz de las nuevas legislaciones.

Es curioso que en Centroamérica algunas leyes para industrias específicas exijan que las empresas contraten una póliza de responsabilidad civil, como por ejemplo la de hidrocarburos en Nicaragua, pero no queda claro qué es lo que deben cubrir ni si la suma obligatoria es suficiente para pagar por los daños posibles. Es decir, queda a criterio del empresario decidir qué tipo de seguro comprar y por qué monto. Algunos se limitan a contratar una póliza de responsabilidad civil por daños materiales y lesiones a terceros, con sumas aseguradas muy bajas y con el único fin de cumplir con el requerimiento. Desafortunadamente, algunos empresarios no se protegen adecuadamente en caso de que ocurra algún siniestro que afecte de manera considerable a las personas y al patrimonio de la empresa. Por ejemplo, las empresas podrían enfrentar demandas y gastos de reparación de daños o lesiones a personas.

Por tanto, es muy importante saber qué coberturas debe tener un seguro de responsabilidad civil medioambiental. En primer lugar, se debe conocer el marco legal del país o los países en que se opera para comprender las obligaciones, alcances, sanciones y multas que se aplican a la actividad económica que se desarrolla. A partir de ahí se deben identificar los riesgos operacionales de la empresa que puedan tener un impacto social o medioambiental. Un buen análisis de riesgos debe generar un plan de administración de éstos que identifique cuáles no son asegurables —para los cuales deberán tomar otras medidas que la dirección de la empresa tiene que decidir— y los riesgos que sí se pueden asegurar, como por ejemplo la contaminación súbita o gradual, derrames accidentales, incendios, etc., así como el posible impacto financiero de cada uno de ellos. La metodología PRO (Personalized Risk Overview) de Unity es un producto fantástico para ayudar al empresario a encontrar un seguro acorde a sus necesidades.

El seguro medioambiental debe complementar las medidas de prevención y previsiones financieras para ciertas actividades de mitigación. Las coberturas de un seguro pueden ser adicionales a pólizas de daños existentes o puede ser una póliza independiente. En resumen, las coberturas básicas del seguro medioambiental son:

1. Pago de indemnizaciones a los asegurados por los daños causados por el asegurado.

2. Pago de gastos judiciales y extrajudiciales para defender al asegurado contra las reclamaciones.

3. En caso de contaminación, reembolso de gastos extraordinarios al asegurado para detener o neutralizar la misma y evitar un siniestro inminente.

Consulte con su corredor de seguros las coberturas adicionales que debe solicitar para garantizar una protección adecuada.

Por: María José Somarriba (Ceo Nicaragua)